Inmunidad parlamentaria en Honduras. El 25 de septiembre entregamos a diputados de la Comisión Anticorrupción del Congreso Nacional y a la Oficina de la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Honduras, el Análisis sobre el Decreto 04-2022 conocido como “Ley de Amnistía política”, que contempla el perdón por delitos motivados políticamente de funcionarios del periodo presidencial de José Manuel “Mel” Zelaya.
El grave problema de este Decreto es que no solamente se aplicó a personas perseguidas políticas, sino también, a funcionarios que, abusando de su posición, cometieron delitos en contra de la administración pública.
El informe también profundiza sobre la inmunidad parlamentaria y los peligros para el combate a la corrupción que representan esas Leyes que siguen vigentes, y que a pesar de ser una preocupación para la sociedad hondureña y las Naciones Unidas para la instalación y funcionamiento de la CICIH, no existe voluntad de ninguno de los tres poderes del Estado para limpiar el camino a la CICIH.
Amnistía e Inmunidad
Conclusiones
El análisis desarrollado en este documento pretende contribuir a la continuidad del debate público en torno a las negociaciones en curso entre Honduras y la Organización de las Naciones Unidas para instalar un mecanismo internacional de combate de la corrupción en el país.
Siguiendo la lógica con la que se estructuró el proceso de negociación entre ambas partes, generar las condiciones jurídicas y políticas, es imprescindible para que las acciones de investigación y persecución penal que lleve a cabo la CICIH, en coordinación con el Ministerio Público, no enfrenten barreras que condicionen su resultado.
La inmunidad parlamentaria y la amnistía política son parte de las barreras que impiden que el proceso de negociación avance y que no se suscriba un convenio que formalice la instalación de la
CICIH.
La existencia de la inmunidad parlamentaria y la amnistía política evidencian que los esfuerzos por garantizarse impunidad emanan de diferentes actores políticos, y que no se reducen a un solo partido político. También revela la complejidad del entramado jurídico que sigue vigente y que actualmente impide que las instancias del Ministerio Público investiguen y persigan la corrupción en todas sus formas.
En ambos casos se podrían citar actores políticos que formaron parte de la aprobación de la inmunidad parlamentaria en el período legislativo 2018-2022 y de la aprobación de la amnistía política en febrero de 2022, que fueron beneficiados jurídica o políticamente, y que directa o indirectamente inciden en los procesos legislativos en el Congreso Nacional y en la toma de decisiones del Poder Ejecutivo en el marco de la negociación en curso dentro Honduras y las Naciones Unidas.
Por último, la existencia de ambos decretos es un síntoma de la politización de la justicia al más alto nivel, al punto que la Corte Suprema de Justicia debería ser el actor institucional que, al margen de las negociaciones política en el Congreso Nacional, marque la pauta sobre la correspondencia de ambos decretos con la Constitución de la República.
Hecho que es importante no solo en el marco de la expulsión de ambos decretos legislativos del sistema jurídico hondureño, sino también para una demostración de voluntad de un nuevo Poder Judicial en el combate de la corrupción y el deterioro democrático, un componente necesario para un abordaje integral de ambos flagelos, más allá del papel que jugaría un mecanismo internacional en la investigación y persecución del delito, actividad que aisladamente no cumplirá los efectos deseados por los hondureños.
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